Las diversas pautas que evalúan el comportamiento de los consumidores actuales retratan un consumidor más previsor y racional en sus decisiones de compra. Una reacción lógica dadas las actuales circunstancias. Los escenarios futuros previsibles provocarán cambios en los modelos de negocio, de venta y producción que traerán consigo un nuevo consumidor, especialmente en el sector financiero. El objetivo es que el consumidor, frente a estos cambios tras la crisis, conserve estos nuevos hábitos que está aprendiendo a desempeñar a la fuerza. Un consumidor exigente y reivindicativo que reclame cambios, que se sienta protagonista y haga progresar sus derechos y, de forma particular, sepa hacer frente a unas reformas sociales injustas que pretenden hacerle pagar la especulación y los abusos bancarios.
¿Cómo se ha llegado a esta situación en que los ciudadanos y los consumidores van a pagar injustamente una crisis no provocada por ellos? ¿Qué respuestas podemos ofrecer como consumidores? Durante los últimos años, en los países desarrollados, la inversión productiva - en empleo, bienes y servicios útiles- fue perdiendo importancia en favor de una economía financiera que permitía la obtención de beneficios ficticios sin desarrollar la economía real o productiva. ¿Cómo se llegó a esta situación? Ante la competitividad de empresas de países emergentes -con bajos costes- las grandes empresas apostaron por recurrir a extraños productos y servicios financieros como escape para mantener resultados positivos (es lo que se ha denominado “financiarización”): entrada de capital riesgo, fusiones, swaps... A ello contribuyeron otros factores como la desregulación de los mercados, las nuevas tecnologías o la libre circulación de capitales. Todas las posibilidades de la nueva ingeniería financiera ocultaban un serio problema de productividad. Este proceso de ‘financiarización’ de la economía se trasladó a las familias: cada vez más endeudadas mediante una amplia gama de hipotecas, y con los ahorros invertidos en productos complejos y arriesgados ofrecidos con truco.
Además, estos problemas de productividad se pretendieron solucionar en Estados Unidos y otras áreas económicas como la UE a través de una política económica que alimentó la burbuja especulativa (emitiendo deuda pública y tipos de interés bajos). El objetivo era sostener la demanda artificialmente. Donde no llegaban las exiguas economías domésticas con sus ingresos medios, lo haría el crédito, “fácil” y apoyado en un activo que en España se pretendía inagotable en su aumento de valor como fue la vivienda. El recurso a productos financieros complejos y arriesgados como “remedio” y el endeudamiento fueron la respiración asistida a un enfermo que se alimentaba a base de continuas burbujas: de las ‘puntocom’ en 2000 a la del crédito y la vivienda en 2007. Ese recurso al endeudamiento merced a la abundancia de dinero no implicaba en realidad capital generado por la economía productiva y redistribuido entre las clases populares de manera justa. En la gestación de la crisis asistimos a una gran desigualdad de las rentas. Sólo así puede entenderse que la base sobre la que se sustentaba el “negocio” de las hipotecas subprime fueran familias que no podían comprar una vivienda; o que el nivel de endeudamiento creciera devorando en pocos años
la renta de las familias. Los problemas son profundos y arraigados en la cuestión financiera. Por eso una ley sobre “economía sostenible” que no se atreva a reformar profundamente el sistema financiero y no mejore los derechos de los consumidores resultará insuficiente.
Todo ello sirve para tomar conciencia de que no podemos retornar a una economía basada en el consumo y el crédito irresponsable. El pretendido “crecimiento” económico de estos años se ha sostenido en una mentira que ahora quieren que paguen los ciudadanos y los consumidores vía ajustes sociales además de con un notable encarecimiento de los servicios financieros. Se habla de reformas pero se olvida lo fundamental para los consumidores. Disponer de una cuenta, realizar una transferencia, ahorrar en condiciones dignas o acceder a una vivienda son necesidades de interés público, quizá sea el momento de apostar por un consumo responsable, por un sector financiero alternativo, más justo, que atienda a las necesidades sociales y no a la avidez especulativa de sus consejos de administración, gran parte de ellos cínicos beneficiarios de dinero público para enmendar sus graves errores. Es hora de que el consumidor sea consciente de su fuerza y no tolere más engaños y manipulaciones. Es tiempo de reivindicaciones. Para ello es necesario que las demandas de los consumidores se analicen y articulen en propuestas concretas, tengan el apoyo de todas las fuerzas ciudadanas posibles y, sobre todo, se emprendan movilizaciones sociales para ponerlas en marcha. Sin ellas no será posible un nuevo consumidor, ni un nuevo ciudadano.
Apostar por un nuevo rumbo económico significa hacerlo por la conciliación entre “desarrollo económico, social y ambiental”. Es lo que pretende la Ley de Economía Sostenible. Desde ADICAE abogamos por volver a los criterios de un consumo económico básico, sin lujos excesivos, con un mayor nivel de exigencia en la adquisición de productos y servicios y apostando por la fuerza y la desconfianza como premisas básicas a la hora de tratar con las entidades financieras. Además es preciso que los consumidores se organicen colectivamente si quieren impulsar cambios sustanciales en la economía.
Una de las primeras consecuencias de la crisis ha sido el deterioro en las vías de generación de recursos de las familias (paro, sobreendeudamiento...) Esto ha motivado que el “consumo ostentoso” (apariencia frente a los demás a través de las marcas de prestigio) deje paso a un “consumo básico” basado más en las “necesidades” (el concepto de necesidad depende de muchos condicionamientos sociales y económicos). La profunda crisis económica hace que el consumidor se defienda mediante el aumento del ahorro. Al reducirse el consumo éste se centra en lo más básico, desterrando las necesidades superfluas.
Además de las razones económicas, la desconfianza de los consumidores es una de las causas por las que se ha frenado el modelo consumo actual. La incertidumbre ante el entorno futuro hace que se pospongan decisiones de compra o inversión. Esta desconfianza tiene otras manifestaciones más intensas como temor e incertidumbre, lo que demuestra que los consumidores no son capaces de comprender los fenómenos que están sucediendo. Ello implica la enorme distancia que existe entre los consumidores, la ciudadanía y el poder político y económico-financiero. Y también puede explicar la mayor demanda de “más Estado” por parte de muchos ciudadanos, según algunas teorías.
Consecuencia de la vuelta a los criterios económicos y mayor desconfianza, el consumidor se vuelve más exigente a la hora de adquirir productos y servicios, se informa más.... El dinero vuelve
a “valorarse” después de muchos años en que su precio ha sido muy bajo. Al reducirse el presupuesto, los consumidores valoran más el dinero que tienen para consumir. Asimismo, el consumidor valora más los bienes: se reduce el ritmo al que el consumidor renueva sus bienes (por ejemplo el coche). Una de las manifestaciones de la racionalidad es el recurso a las nuevas tecnologías como canales para descubrir nuevas y mejores ofertas. Internet puede recibir un impulso como canal de distribución.
El nuevo consumidor debe adoptar una postura de fuerza y desconfianza ante los servicios bancarios. En este nuevo paradigma, las asociaciones de consumidores, como ADICAE, deben ser un referente para todos los consumidores. No puede volver a repetirse que durante estos años prácticamente el único canal de información para los consumidores haya sido la propia entidad bancaria. La responsabilidad del consumidor comienza por ser crítico pero debe continuar por una toma de conciencia de su fragilidad como elemento aislado.
Los consumidores deben ser conscientes de la necesidad de adoptar respuestas concretas para corrijan los desequilibrios que nos han abocado a la situación actual. Pese a ser una fuerza económica importante, la organización es todavía muy incipiente lo que condiciona una respuesta política adecuada. Las propuestas son claras, contrastadas y elaboradas a partir de la experiencia, el reto es la organización colectiva.
Para los consumidores no es posible disfrutar de un crédito cuyo pago suponga un esfuerzo superior
a determinados porcentajes del nivel mensual de ingresos, la mayoría rentas de trabajo. El crédito
no debe ser una estrategia masiva para sostener modelos de producción que hacen del endeudamiento un negocio. Las entidades deben ser responsables de los créditos que conceden indebidamente. Además apuntamos
otras cuestiones: eliminar cláusulas oscuras o métodos de cálculo o de “cobertura” fraudulentos
que incrementen costes o cuotas (cláusulas suelos/techo; swaps...); eliminar la vinculación excesiva a productos financieros que no necesita el consumidor o que ya dispone; evaluación de riesgos que no comprometa la viabilidad de la economía familiar, etc. La elaboración de modelos de contratos tipo, el control previo de las condiciones financieras y de contratación de unos organismos reguladores comprometidos y más alternativas públicas de financiación constituyen elementos clave para un crédito sano.
Exigir garantías adicionales que prohíban la venta indiscriminada de determinados productos de ahorro (riesgos de pérdida total, dificultad en su amortización, estructuras complejas, mercados volátiles), a perfiles determinados de consumidores (capacidad de ahorro menor a un 30% de sus ingresos brutos, edad, etc.)
Es preciso una mayor supervisión del contenido de la publicidad y procedimientos de denuncia más
ágiles. Erradicar denominaciones engañosas (“depósitos” estructurados; fondos “garantizados”,
“acciones preferentes”...) Una regulación justa y transparente de las Comisiones financieras en los
productos de ahorro.
Hemos de quitar falsos mitos de que con decisiones aisladas de compra el consumidor puede mejorar las ofertas que nos hacen las grandes empresas. Ellas deciden qué y cómo se vende, disponen de las herramientas de marketing, imponen los contratos, disponen de lobbys que manipulan a los estados en su propio interés, etc. Solamente seremos capaces de influir si lo hacemos de manera organizada: enfrentándonos colectivamente, apoyando a nuestras asociaciones
y participando activamente en sus reivindicaciones y campañas de protesta.
La “Educación financiera” no debe ser sólo “conocer y callar”. Hay que incentivar que los consumidores se pregunten por el destino social que va a darse al dinero que depositan en una entidad, o si resulta verdaderamente necesario pedir un crédito. Deben ser educados en la crítica como método, en la desconfianza en sus relaciones con su banco o caja. Aprender a conocer y descifrar los trucos de la publicidad financiera, las vías de reclamación, etc. Y ser conscientes de que la Educación no es la solución exclusiva. En cualquier caso, es fundamental que cualquier diseño curricular de la Educación financiera cuente con las organizaciones de consumidores como
ADICAE.
Un procedimiento para sanear las economías familiares en apuros. En casos de desgracias familiares (paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad, divorcios...) que supusiesen una merma de ingresos que comprometiesen el pago de créditos, ADICAE pedía un procedimiento por el que jueces y tribunales pudieran señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, moderar los tipos de interés, determinando el recargo en el precio por los aplazamientos de pago. Además hay que complementarlo con medidas preventivas y de mediación, como otorgar facultades al juez para
paralizar embargos y reordenar deudas. Cuando la ejecución sea sobre la vivienda habitual el
propietario que no disponga de otra vivienda podría pedir al juez que establezca un acuerdo
entre acreedor y deudor.
Hay que crearlo. El Banco de España es el único organismo regulador que carece de este canal de comunicación. Y los existentes en la CNMV y Dirección General de Seguros dejan mucho que desear por su eficacia. Se exigía un reforzamiento del papel de las asociaciones allí representada.
La administración española requiere reformas en varios frentes: trámites obsoletos, descoordinación, lentitud, trabas, mejora de la eficiencia, etc. Es importante recordar que quienes encabezan el ruido de una “reforma del sector público” son las grandes empresas. El avance de la democracia se basa en que los derechos se apliquen de verdad, que no sean declaraciones formales sino servicios efectivos. La política social española es una de las más bajas de la Europa de los 15, no corresponde a nuestro nivel económico y no causó la crisis. Son injustos los recortes sociales: empobrecen a las mayoritarias clases populares. Debemos defender un Estado de Bienestar amplio y digno, no caer en la trampa de los grandes lobbys empresariales y sus medios de comunicación. Más recortes sociales supone dejar todo en manos de monopolios que, como el sector financiero, sólo usan al consumidor para explotarlo.
Las modificaciones introducidas por las acciones colectivas pueden quedar en nada sin reformas procesales y organizativas adecuadas (tribunales especializados o habilitados para estos casos, agilización en trámites burocráticos…). En los procedimientos penales se ha demostrado que no se recuperan cuantías relevantes, bien por su ocultación por parte de los imputados, testaferros, maniobras dilatorias de la defensa... o porque no hay fondos, lo que contrasta con los largos plazos de duración. Hay soluciones. El sector asegurador, por ejemplo, dispone de un sistema de liquidación de empresas más idóneo que un procedimiento: control administrativo, plazos más breves, porcentajes de recuperación más amplios...
Acceder al crédito, disponer de una cuenta corriente, etc., son ya necesidades básicas de los ciudadanos. El nuevo entorno regulatorio va a llevar a bancos y cajas de ahorros a maximizar beneficios y pretenderá cargarlo todo al consumidor que pagará unos servicios bancarios a un mayor coste. Pero muchos servicios financieros básicos -cuentas de ahorro, transferencias, etc...- son imprescindibles y no pueden convertirse en artículos de lujo.
La restricción de crédito obedece a muchos factores: la existencia de activos inmobiliarios que lastran los balances de bancos y cajas, la morosidad al alza, la desconfianza de los mercados para prestar dinero a la Banca española... Todo ello determinan que los tipos de interés y condiciones en productos de endeudamiento se paguen a precio de oro.
El Banco Central Europeo estima que España es el país de la eurozona donde los tipos de interés de estas operaciones son más elevados. Este coste elevado es especialmente significativo en los créditos al consumo, donde la distancia es aún mayor. Así, por ejemplo, mientras que los hogares españoles tienen que pagar como media un 11,05% por un crédito al consumo con una duración inferior a un año, en la eurozona ese mismo préstamo está gravado con un 6,81%, lo que da idea de la diferencia. Si el plazo se amplía hasta los cinco años, el resultado es igualmente evidente: Un 8,23% en el caso español y un 6,43% en la eurozona.
Lo más llamativo de estos costes es que son las cajas de ahorros, entidades falsamente sociales inmersas en una fuerte crisis, quienes cobran más por prestar dinero para la adquisición de vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tipo de interés medio de sus préstamos hipotecarios fue, en junio, del 4'11% - con un margen de beneficio del 1'76% con respecto a la remuneración de los depósitos- y del 3'77% para los bancos -0'94%-.
Con la restricción de crédito por bancos y cajas de ahorros, pueden volver a aparecer canales “alternativos” de préstamo privado, verdadero nicho de abusos. ADICAE calificó a este sector de “cloacas de la banca” por sus condiciones gravosas para los consumidores en forma de intereses, gastos, cláusulas abusivas, etc. Por ello, es necesario reforzar la ley 2/2009, que regula la intermediación y concesión de crédito por negocios que no son bancos o cajas. Esta ley otorga la competencia a las comunidades autónomas, que ni siquiera han emprendido actuaciones de desarrollo necesarias que marca la ley o campañas de inspección.
Hay otros condicionantes que van a provocar un encarecimiento de los productos y servicios bancario. El primero son las fusiones, que se seguirán produciendo en el marco de la reordenación de un sector financiero que serios apuros fruto de su propio afán especulativo. El FROB es ya un adelanto con dinero público de estos costes, ya que el 75% del capital disponible (9.000 millones de euros) son desembolsados por el Tesoro Público. Es injusto socialmente que, además de refinanciar los errores de la banca con dinero de todos, bancos y cajas quieran encarecer sus servicios. Máxime cuando la devolución del dinero prestado se hace en muchos casos (como Caja Castilla La Mancha) con bienes a precio superdevaluado.
Basilea III tiene como objetivo reforzar la solvencia de los bancos, diseñando un marco regulatorio que pretende contrarrestar los efectos adversos de futuras crisis bancarias. Para ello se obliga a las entidades a destinar más capital para solventar las posibles pérdidas generadas por préstamos o inversiones fallidas. Las entidades financieras deberán triplicar sus reservas de capital entre 2013 y 2019. Sin embargo deben hacerlo con “activos de calidad”, es decir, con dinero que sea propiedad exclusiva de las propias entidades financieras, no comprometiendo el de sus clientes. Estas exigencias también contribuirán al alza en los precios de precios en los productos bancarios.
En cuanto a los “impuestos” a la Banca, se trata de una tasa “anticrisis” que se calculará en base al pasivo de cada entidad, excluyendo los fondos que ya se hayan cubierto en el sistema de garantía de depósitos que tienen varios países. La Unión Europea también quiere que el sector financiero contribuya más y mejor a los presupuestos generales de los Estados. Se han presentado dos opciones a los ministros de Economía: una tasa sobre la cuenta de resultados de cada entidad y otra
sobre cada operación financiera. La solución puede pasar por gravar más los beneficios distribuidos entre los accionistas mayoritarios y los bonus de los Consejos de Administración, incrementar el impuesto de sociedades; o su aportación a los respectivos Fondos de Garantía. Eso sí, es fundamental que para evitar que se descarguen al consumidor todos estos costes, se potencie y refuerce la labor de la Defensa de la Competencia.
Bancos y cajas de ahorros han querido que la crisis la paguemos los consumidores, mentando considerablemente sus comisiones, en una tendencia que se torna escandalosa desde el año 2006. Destaca especialmente la comisión de estudio de crédito hipotecario, que ha aumentado la friolera del 44’68%, o del mantenimiento de las cuentas de ahorro en un 22% o de mantenimiento de tarjeta anual de débito en un 32%.
