Ni un embargo hipotecario más de la vivienda habitual de las familias. Dada la complejidad de la legislación que regula las garantías hipotecarias y el procedimiento de ejecución-embargo de la vivienda, es necesario que las reformas se acometan mediante un real decreto ley, por la vía de urgencia. Para ello, se proponen 3 vías de actuación.

Esta normativa impondrá, en primer lugar, la imposibilidad de presentar demandas de ejecución de préstamos con garantía hipotecarias de las entidades financieras, de crédito o de cualquier otra naturaleza, que hayan recibido ayudas del Frob o del fondo de adquisición de activos financieros. En el caso de estas entidades que ya hayan iniciado procedimientos de ejecución, deberán adoptarse las medidas necesarias para que éstos se interrumpan incluso en los casos en los que se haya adjudicado ya en subasta la vivienda a la entidad financiera o de crédito o alguna de su grupo. Para el resarcimiento de estas cuotas pendientes de pago se utilizarán fondos procedentes del Frob.

Frente al resto de entidades, éstas tendrán en cualquier momento la posibilidad de acudir a la negociación en términos similares a las medidas anteriores, con cargo también al Frob. Si no se opta por esta vía, el consumidor podrá alegar ante el Juez la falta de recursos, pudiendo éste aplicar las medidas contenidas en el art. 11 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles que permitan reestructurar la deuda, moratoria en el cobro de intereses, aplazamiento sin coste de cuotas e incluso de abrir pieza separada de procedimiento concursal, etc.

En este sentido, la Plataforma Hipotecaria de ADICAE lleva desde el 2007 defendiendo los derechos de los consumidores en el crédito y en las hipotecas, y actuaría como canalizadora, mediadora, etc. de estas y otras medidas que se adopten.

Entrega de la vivienda=liquidación de la deuda. No deuda de por vida.
Se ha de conseguir que la entrega de la vivienda habitual por el valor de tasación que conste en la escritura de constitución de hipoteca sirva para saldar la totalidad de la deuda del consumidor, sin que pueda ser aplicable el principio de “responsabilidad patrimonial universal” (artículo 1911 del Código Civil), el cual debe ser modulado tal y como sucede en otros ordenamientos jurídicos europeos e internacionales.

Por unas tasaciones justas e independientes que no alimenten el negocio bancario.
Garantizar el ejercicio independiente y no especulativo de las tasadoras a la hora de valorar una vivienda en garantía de un préstamo hipotecario.

ADICAE por un crédito hipotecario responsable que evite a los consumidores caer en el sobreendeudamiento

Detener la concesión de préstamos con garantía hipotecaria por encima del 80% del valor de tasación, si el consumidor no tiene ahorrado el 30% del coste de la vivienda, que no tenga en cuenta los ingresos netos familiares.

Además, solicitamos el establecimiento de medidas obligatorias por las que los consumidores que lo soliciten puedan conseguir la revisión temporal de sus condiciones en caso de que el consumidor venga en peor fortuna (paro, enfermedad) que permita renegociar la deuda y aplazarla durante un período determinado si el consumidor mantiene la voluntad de pagar.

Vivienda para aquellos consumidores que ya han perdido su vivienda.
El parque de viviendas en propiedad de Bancos y Cajas debe ser puesto a disposición de aquellos consumidores que hayan perdido su vivienda por procedimientos de ejecución. Todo ello con el pago de rentas adecuadas a su capacidad de ingresos y por un periodo de cinco años. En caso de carecer de rentas regulares deben ponerse a disposición de los ciudadanos embargados sin vivienda durante el plazo de 3 años sin coste alguno.
El coste de esta medida bien puede ser asumido por el Frob o incluso por las ayudas dadas por CCAA a la vivienda tanto protegida como el gasto destinado a vivienda social.

Las cláusulas suelo establecen un límite a la bajada del tipo de interés que pagan los consumidores en sus hipotecas y crédito, de manera que aunque el euribor descienda el mínimo que el consumidor debe pagar es el 4% o incluso el 5%, a pesar de que el euribor se encuentre, como actualmente y desde hace tiempo, en niveles más bajos.

Por ello, y por su manifiesta abusividad por desproporcionadas, ADICAE propone establecer expresamente en la ley de defensa de los consumidores la abusividad de las denominadas “Cláusulas suelo” recogidas en las escrituras de préstamos hipotecarios.

También es necesario que se declare por ley la nulidad de los contratos de permuta financiera (“swaps”) colocados de forma masiva y engañosa por las entidades de crédito a los consumidores a través de engañosas campañas comerciales específicas en las que los ofrecía como si fuesen “seguros” contra las futuras subidas del Euribor, cuando en realidad se tratan de complejos y arriesgado producto especulativos que están pagando los consumidores.

Modificar la vetusta ley de usura. Ningún crédito concedido a los consumidores podría dar lugar a la aplicación de un tipo de interés, remuneratorio o de demora, superior a una TAE de 2,5 veces el interés legal del dinero (o el promedio anual del tipo marcado por el banco Central Europeo) que se fija anualmente en Presupuestos Generales.

Acabar con los abusos de muchos bancos y cajas que obligan al consumidor a contratar seguros, tarjetas, planes de pensiones y otro tipo de productos, cuando quieren contratar una hipoteca y otros productos.

Reformar la Orden de Transparencia en la concesión de préstamos y créditos hipotecarios de 1994 para superar las deficiencias de información al consumidor todos estos años en la contratación de estos productos, como ya demostró un estudio de ADICAE en 2007 “La realidad del crédito en España”. ADICAE propone la obligatoriedad de entregar un folleto informativo en el momento de la contratación que recoja de forma clara y resumida las condiciones más importantes del préstamo.

Una laguna importante de la normativa española es la imposibilidad del consumidor para declararse en “insolvencia” con toda garantía para sus derechos, de manera sencilla y económica, y con respeto al mantenimiento de su vivienda habitual. Esta regulación permitiría reordenar la deuda bajo la tutela del juez, para hacerla asequible a la capacidad de generar ingresos del consumidor.

Este procedimiento debe permitir la prevención, mediación o moderación de la deuda, esto último por parte del juez: aplazar o escalonar el pago de las deudas sin que se generen intereses durante un plazo de tiempo; prescribir que las sumas correspondientes a las cuotas aplazadas produzcan interés a una tasa más reducida que la que aparece en contrato; que los pagos se imputen al capital en primer lugar; establecer quitas, etc.

Tras veinte años, los escasos ahorros que con mucho esfuerzo logran reunir en ocasiones los ciudadanos, exigen medidas de garantía que se adapten a los nuevos abusos que van apareciendo (casos Lehman Brothers, Santander-BanifInmobiliario- Forum-Afinsa y Arte y Naturaleza) y que son el resultado tanto de un proceso de globalización como de un descontrol por parte de las autoridades supervisoras, nacionales e internacionales.

La reforma plantearía los siguientes cambios:

Mejorar el control de venta de productos de ahorro. Exigimos garantías adicionales que prohíban la venta indiscriminada de determinados productos de ahorro (riesgos de pérdida total, dificultad en su amortización, estructuras complejas, mercados volátiles), a perfiles determinados de consumidores (capacidad de ahorro menor a un 30% de sus ingresos brutos, edad, etc.)

Ofensiva para controlar la publicidad financiera: mayor supervisión de contenido y procedimientos de denuncia más ágiles. Erradicar denominaciones engañosas (“depósitos” estructurados; fondos “garantizados”, “acciones preferentes”...)

Una regulación justa y transparente de las Comisiones financieras en los productos de ahorro, y también las bancarias a nivel general, vinculadas a su efectiva rentabilidad y no aplicadas de manera discrecional.

Una de las armas con que cuentas los consumidores para enfrentarse a las grandes instituciones financieras son las demandas colectivas. A nivel individual la reclamación colectiva del consumidor sólo sirve para demostrar ese poder desequilibrador y, además, para poner de relieve las ineficiencias del sistema judicial (lentitud, costes, etc) Por ello, la actuación organizada en procedimiento colectivos que agrupen a muchos consumidores afectados es constituye un elemento clave. Pese a estar contemplado en la ley, queda mucho camino para construir un procedimiento que refuerce de verdad las reclamaciones colectivas de los consumidores frente a las grandes entidades, muchas de las cuales todavía logran eludir las exigencias legales mediante argucias de todo tipo. Hay que reforzar este mecanismo si no queremos que se convierta en un medio estéril para la legítima defensa de los intereses de los consumidores.

En los procedimientos concursales hay que separar de la masa activa la propiedad de los ahorros depositados en entidades que entren en concurso, sea cual sea el instrumento financiero o contrato de captación de fondos en que se materialice.

Dotación de medios que refuercen la labor administrativa y judicial de los juzgados y tribunales responsables de los procedimientos judiciales.

Hay que abordar una reforma en profundidad del sistema privado de ahorro-jubilación complementario, un sistema ineficiente que se ha apoyado en las campañas de desprestigio del sistema público de pensiones impulsadas por el lobby bancario. Por eso la actual normativa sobre ahorro jubilación exige cambios sustanciales, para no ser un producto privilegiado al alcance de quienes disponen de rentas más elevadas. Esta reforma debe exigir eficacia en los resultados y una comisiones justas y limitadas razonablemente a la obtención de beneficios, además de transparencia en su comercialización y gestión.

Hasta ahora, las continuas rebajas de impuestos han tenido un beneficiario claro: las rentas de capital. La tributación de las rentas de capital se han ido reduciendo paulatinamente, lo que ha beneficiado a quienes poseían mayor cantidad de estos activos financieros: las rentas más altas. No es justo que todos tributen por igual. La tributación de por los rendimientos de capital debe hacerse en función de las rendimientos generales que se posean. Por tanto proponemos que el tipo impositivo para las rentas de ahorro sea progresivo con respecto al resto de rentas que disponga o genere el contribuyente, haciendo efectivo el principio constitucional de pagar impuesto de acuerdo a su capacidad contributiva.

El funcionamiento del sistema financiero ha sido un fracaso para los consumidores. La teórica función de suministrar recursos a la economía ha sido corrompida por un mercadeo especulativo que ha favorecido a unos pocos, lo que ha deteriorado gravemente la economía real y amenaza con seguir socavando los derechos ciudadanos elementales. La falta de transparencia del mercado financiero y sus actores ha dejado en manos del lobby bancario el cumplimiento de los derechos de los consumidores, con la complacencia de unos reguladores ineficaces cuando no aliados de este entramado. Los consumidores exigimos un mayor control sobre las entidades, públicas y privadas, responsables del funcionamiento del mismo y abogamos por un mercado al servicio de una economía productiva y justa, que tenga en cuenta los derechos de sus destinatarios finales.

La “reordenación” del sistema financiero llevada a cabo hasta ahora, ha sido insuficiente, incompleta y ha olvidado a los consumidores. Cualquier pretensión de “reordenar” el mapa financiero debe pasar previamente por pedir responsabilidades a los máximos gestores de las Entidades Financieras en situación ruinosa. Aún estamos a tiempo para Impulsar los mecanismos para exigir responsabilidades a los ejecutivos y directivos de entidades bancarias que hayan solicitado o soliciten ayudas públicas.

Exigimos un modelo de supervisión financiera doble, con dos organismos diferenciados y autónomos. Un organismo público que vigile eficazmente la solvencia y viabilidad financiera de las entidades y su compromiso social y ético. Y un segundo organismo que controle el comportamiento de las entidades financieras en su relación los derechos de los usuarios.

En ambos cometidos, supervisión financiera y respeto de los derechos de los consumidores, los organismos existentes hasta ahora han fracasado completamente.

Por ello pedimos una reestructuración del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado e Valores y Dirección General de Seguros, que permita la participación y presencia de los representantes de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones que afecten a la ciudadanía y sus derechos.

El entramado que forma el actual tinglado financiero es una red formada por seudo instituciones descontroladas que operan carente de control y, por tanto, sin ningún otro criterio que el beneficio especulativo sin responsabilizarse de sus consecuencias. “Paraísos fiscales”, Agencias de Rating, derivados financieros de alto riesgo OTC, Hedge Funds, vehículos privilegiados de inversión como las SICAV, Capital Riesgo, etc... forman un conglomerado de elementos que contribuyen no sólo a deteriorar a las economías domésticas y bolsillos de la ciudadanía, sino incluso a la propia soberanía popular cuyas decisiones se ven cortadas por los intereses de estos elementos descontrolados y socialmente dañinos.

Exigimos reformas legislativas y mecanismos de control adecuado para evitar que estas instituciones y las operativas depredadoras que desarrollan sigan siendo inductoras de movimientos especulativos, alimentando burbujas y destruyendo la cohesión social. Hay que imponer instituciones que sepan canalizar eficazmente el ahorro hacia una actividad productiva que contribuye a crear trabajo y bienestar social.

Por ello pedimos una regulación eficaz que limite el alcance de las Agencias de Rating y establezcan la responsabilidad de sus gestores. Asimismo, prohibir las “ventas a corto” (“short sellings”) ya que fomentan la inestabilidad y volatilidad con el único propósito de la especulación. Ambas operativas pueden poner en riesgo la estabilidad de un país.

Medidas legales para impedir que las Private Equity (capital Riesgo) efectúen compras especulativas de empresas con el único objetivo de su venta por partes (asset stripping).

Control del nivel de apalanca miento de los Hedge Funds y establecimiento de un límite a las remuneraciones de sus gestores así como un régimen estricto de responsabilidad encaso de pérdidas.

Prohibición de la operativa con derivados OTC ya que se han demostrado que profundizan la separación entre la economía real y el mercado financiero con riesgo potenciar burbujas.

Prohibición y erradicación de los “paraísos fiscales” regulando penalmente tales operaciones y las instituciones que domicilien allí establecimientos de todo tipo.

Prohibición de las SICAV u otros vehículos de inversión privilegiada, sometiéndolos a tributación más elevada y progresiva con relación a los ingresos.

Frente a la bancarización y privatización actual del modelo de las cajas de ahorros, puesta en marcha aceleradamente a través de sendos reales decretos ley de julio de 2010 y febrero de 2011, ADICAE apuesta por otras cajas de ahorros, que recuperen y adapten su vocación social perdida en aras del lucro y la especulación, y corrompidas por un gobierno dominado por caciques políticos y altos directivos desconectados completamente de las necesidades de la ciudadanía. Por todo ello, proponemos alternativas posibles y necesarias, que exigen una norma que reglamente, a nivel estatal y autonómico, las siguientes propuestas concretas:

Mejora de la transparencia y relación con la clientela: que la función de las cajas no sea hacer negocio a costa de los consumidores. Deben retomar el papel social, adaptado a las circunstancias, de fomentar el ahorro de los ciudadanos y permitirles el acceso a un crédito racional de acuerdo a sus necesidades reales. Para ello hay que limitar la venta de productos especulativos, complejos, opacos y arriesgados, mediante el establecimiento de controles específicos a los contenidos de sus contratos, publicidad, formas de comercialización, etc. Regulación de las comisiones de manera que se apliquen de forma justa y proporcional al servicio, de acuerdo a la capacidad del cliente, y que nunca suban por encima del IPC. Asimismo, establecer mecanismo de resolución de conflictos que resuelvan de forma eficaz y vinculante los problemas con los consumidores en un plazo de tiempo razonable.

Aumentar su democratización y la participación de los impositores. Garantizar una representación reforzada de los impositores en los órganos de gobierno como garantía del cumplimiento de su naturaleza social. Para ello debe impedirse la manipulación a que se ven sometidos los procesos electorales desde la implantación de la LORCA apostando por un modelo electoral común proporcional.

Ampliar, modernizar y potenciar la labor social de su obra social. Deben dotar un porcentaje mayor de sus beneficios a obra social, alcanzando por lo menos un 50%. Su obra social ha de ser más extensa, moderna y adaptada a las nuevas demandas de la sociedad alejándose de propuestas elitistas e innecesarias.

Colaborar con las instituciones públicas sin caer en la dependencia política. Deben jugar un papel decisivo para facilitar la realización de proyectos socialmente necesarios y de amplia repercusión económica y territorial. Tienen que apoyar financieramente a sectores que modernicen nuestra economía y se alejen de modelos especulativos ruinosos y de corto alcance, como el ladrillo.

No habrá una salida positiva de la crisis sin los consumidores. Sin embargo, para la inmensa mayoría de la opinión “ortodoxa” del sistema que todavía domina, el consumidor es exclusivamente un mero factor económico condenado a consumir. La crisis económica ha puesto al descubierto el consumismo manipulado por las grandes corporaciones, que creaba una ilusión de vivir bien ahora frustrada. Igualmente ha desenmascarado en toda su crudeza el engaño de un endeudamiento alentado irresponsablemente por las entidades financieras españolas en exclusivo interés de sus desproporcionados beneficios. Por eso desde ADICAE abogamos por un consumidor activo, crítico y comprometido, que por sí mismo sepa alejarse de pautas consumistas inducidas que sólo benefician las cuentas de resultados y los sueldos de las grandes multinacionales y los dueños que las manejan, pero no a una economía que produzca bienestar para todos.

No podemos retornar a una economía basada en el consumismo. El consumidor debe valoras más los bienes y servicios, debe reducirse el ritmo al que el consumidor renueva sus bienes (por ejemplo el coche). Queremos que los consumidores aprecien que vivir bien no necesita de excesos consumistas que pueden deterioran su economía doméstica. Ello contribuirá a articular un modelo productivo de calidad y verdaderamente competitivo y razonable. Para ello es fundamental que el consumidor conozca las consecuencias de sus decisiones de compra y se implique para evitar adquirir productos que deterioren la calidad del medio-ambiente pero también de aquellas grandes empresas que abusan mediante la explotación social, etc.

Hay que lograr un consumidor exigente y reivindicativo que reclame cambios, que se sienta protagonista y haga progresar sus derechos y, de forma particular, sepa hacer frente a unas reformas sociales injustas que pretenden hacerle pagar la especulación y los abusos bancarios. El objetivo es que el consumidor, frente a estos cambios tras la crisis, conserve estos nuevos hábitos que está aprendiendo a desempeñar a la fuerza en la situación actual. No obstante, al margen de decisiones aisladas como consumidor, hay que ser consciente de que solamente seremos capaces de influir en el modelo productivo si lo hacemos de manera organizada: enfrentándonos colectivamente, apoyando a nuestras asociaciones y participando activamente en sus reivindicaciones y campañas de protesta, exigiendo una política que fomente inversiones en sectores sociales sostenibles.

Para ello pedimos que se fomenten e impulsen mediante incentivos legales y fiscales aquellas actividades económicas capaces de crear nuevos nichos de trabajo en necesidades sociales (dependencia, medio-ambiente, etc.)

Exigimos que se refuerce la democratización de las grandes empresas, especialmente las que desarrollen actividades de interés general, para abrirlas a los intereses sociales y no queden en manos de unos pocos cuyo objetivo exclusivo es el lucro personal. Para ello es necesario regular la participación de grupos organizados de pequeños accionistas, que representan no sólo los interese económicos de la empresa sino también su finalidad social.

En un contexto de entidades más fuertes merced a las fusiones no dudarán en incrementar sus ingresos de manera coordinada. La realidad nos demuestra que los consumidores no están en condiciones de determinar los precios. El gigantismo cada vez mayor de las entidades financieras y su acreditada potencia en marketing y publicidad crean hábitos sociales e imponen precios y actuaciones que condicionan el coste de los servicios que ofrecen. La defensa de la competencia debe ser una herramienta importante y más cercana a los usuarios. Para ello es fundamental que los organismos que vigilan la competencia cuenten con las organizaciones de consumidores para llevar a cabo su tarea, fomentando vías de cooperación mutua, vigilar y denunciando las concertaciones de precios y costes. Para ello es fundamental hacer participe a las asociaciones de consumidores denunciantes de las sanciones cobradas para potenciar el papel de las asociaciones de consumidores y reforzar los derechos de los consumidores.

Al margen del mercado, los nuevos consumidores deben saber valorar y defender los servicios públicos colectivos, como una manera de cohesionar la sociedad y fomentar la solidaridad social al margen de intereses privados sólo basados en el lucro.

La educación es un aspecto importante para formar un consumidor activo y con capacidad de análisis, pero ni es la solución definitiva para sus problemas, ni todas las necesidades de los consumidores se satisfacen en el mercado. Hay que educarlo también en reivindicar y cuidar un sistema de servicios públicos sociales.

Hay que crear un programa curricular, consensuado entre las distintas administraciones de educación y las asociaciones de consumidores para introducir la materia de consumo financiero crítico en los programas de enseñanza de todos los grados

Establecer programas dinámicos de formación para desarrollar actuaciones complementarias de formación continua y permanente en todos los colectivos sociales.

Diseñar programas específicos de formación para grupos especialmente vulnerable de consumidores (inmigrantes, jóvenes, tercera edad, familias con riesgo de sobreendeudamiento, etc.)

Por último, somos conscientes de que de nada sirve una educación financiera si no se controla el poderoso engranaje de la publicidad financiera. Por tanto esta debe ser una política legislativa complementaria a la de toda pretendida creación de un plan de educación.

Hay que reactivar un ciudadano activo y participativo en lo político. Que sea capaz de movilizarse organizadamente para exigir una mayor voz en cambios democráticos que mejoren la calidad de nuestra democracia, que no se contente ni limite a ser un mero actor pasivo cada 4 años.

La crisis a puesto en pie de guerra a la ciudadanía. Las manifestaciones de descontento y las exigencias de más democracia planteadas por el movimiento 15M van a propiciar el avance hacía estos nuevos modelos de organizaciones de consumidores que, junto a la defensa de los intereses particulares de los asociados, busquen la participación altruista y activa de los ciudadanos, en el cambio hacia un modelo de consumo más ético, solidario y sostenible.

El avance de la democracia se basa en que los derechos se apliquen de verdad, que no sean declaraciones formales sino derechos efectivos. Ello exige una preocupación activa de los ciudadanos, y una voluntad por conocer y debatir todas las cuestiones que les afectan. Ese debe ser también el modelo y criterio que impere en una organización como ADICAE.

ADICAE comparte la exigencia de retomar una democracia más participativa, abierta y exigente, que no tolere el caciquismo a instituciones públicas y partidos que están al servicio del pueblo. Este modelo debe replicarse en la estructura organizativa de ADICAE, impulsando y reforzando el papel participativo de trabajadores, colaboradores y miembros de los órganos de gobierno.

Son injustos los recortes sociales: empobrecen a las mayoritarias clases populares. Debemos defender un Estado de Bienestar amplio y digno, no caer en la trampa de los grandes lobbys empresariales. Más recortes sociales supone dejar todo en manos de monopolios que, como el sector financiero, sólo usan al consumidor para explotarlo.