Los ciudadanos y ciudadanas del estado español y de toda Europa no queremos seguir pagando las consecuencias de una dominación financiera que ha gobernado a su antojo estos últimos 30 años con el apoyo de las castas políticas. La alianza entre poderes políticos y poderes financieros han socavado las bases de la confianza de la ciudadanía que ahora, en justicia, demanda una verdadera democracia social que les reconozca como sujetos activos y desenmascare este gran fraude social.
Bancos y Partidos han expropiado nuestros legítimos derechos sociales y políticos, les han puesto precio de saldo hasta degradarlos a una ridícula mercancía vacía de contenido real y finalmente nos la han pretendido vender como los únicos “derechos” posibles. Nada más falso y artero. El derecho al trabajo, a la vivienda, a una jubilación justa, a una participación política limpia, a una vida digna en definitiva se han corrompido en manos de un Estado bancario que oprime a la ciudadanía y le niega reconocimiento, voz y derechos. Un 45% de los jóvenes menores de 25 años en paro; más de un 60% de los hogares en dificultades para llegar a fin de mes, por no hablar de las dificultades de las personas jubiladas con pensiones miserables; cientos de miles de familias que han perdido su vivienda o en riesgo de perderla; decenas de miles de personas que han demandado a la banca por las estafas de productos financieros tóxicos como contratos financieros de swaps y cláusulas suelo, constituyen ejemplos de las consecuencias de una dictadura conjunta de Estado y Poderes financieros que debe terminar inmediatamente.
En este asfixiante mercadeo de falsedades, de terrorismo financiero y de acoso social, la crisis económica y la desvergonzada “solución” servida por nuestros “representantes democráticos” ha destapado la alianza interesada entre ambos poderes. No sólo se han destinado millonarias ayudas al sector financiero, responsable de esta crisis, sin una mínima exigencia de responsabilidades; no sólo se han negado auxilio social a aquellos ciudadanos que más lo necesitan; sino que los recortes de derechos tienen como objetivos poder pagar a los culpables y seguir haciendo negocio millonario a costa de las necesidades de la sociedad entera. Todas estas razones intolerables han provocado una espontánea explosión ciudadana que quiere desmarcarse de un viejo mundo corrupto y opresor que evidencia toda la rabia contenida pero sobre todo la capacidad de reacción, de dignidad y de una gran inteligencia colectiva que ha traído ilusión y energía a una sociedad dormida, anclada en el individualismo y la pasividad conformista.
La crisis total del sistema escenifica el fracaso rotundo de un modelo de globalización basado en la explotación, la especulación y la injusticia. La movilidad internacional del Capital, el diseño de mortíferos productos de “ingeniería financiera” y la existencia de paraísos fiscales han sido factores tolerados que han definido el comportamiento corrupto a escala mundial de un mercado financiero y que ha golpeado a millones de personas en su vida cotidiana, ahora desempleadas, “sin papeles”, sin vivienda o en riesgo de exclusión social. Mienten quienes pretenden dar “soluciones” a la crisis si antes no reconocen su propia responsabilidad y asumen que el propio sistema es portador de futuras crisis sin solución de continuidad.
Los gobiernos y las instituciones internacionales y europeas de todos los colores han sido cómplices de esta situación. El compadreo entre intereses políticos y financieros se ha repetido hasta la nausea. Muchos “políticos profesionales” y altos cargos acaban sus días en poltronas de Consejos de Administración de grandes empresas. En consecuencia no hay voluntad de exigir responsabilidades en la gestación de la crisis a banqueros y otros especuladores, pero sí de recortar cada vez más derechos de la ciudadanía para satisfacer la voracidad de un infecto sistema corroído por el “todo vale” y la ley del más fuerte. Los políticos miran para otro lado cuando se reclaman ayudas para una población mermada y diezmada por tantos abusos. El Estado Bancario que padecemos debe ser abolido.
La actual crisis está poniendo de manifiesto la divergencia de intereses entre este modelo capitalista especulativo y cualquier expresión de verdaderos derechos. Si hay algo que refundar no es el capitalismo sino la Democracia. Refundar y reforzar. La democracia que nos han pretendido hacer tragar es de uso exclusivo para una elite de falsarios, pero no nos sirve a los ciudadanos. El derecho a la “libertad” ha sido manipulado por los poderes burocráticos y financieros hasta convertirlo en falsa coartada para manipularnos y esclavizarnos a sus intereses de explotación y dominio. La libertad es ahora un derecho degradado y manufacturado interesadamente que ha desplazado a otros derechos imprescindibles para la convivencia como la igualdad, la solidaridad y la justicia. La denominación “libertad” en estas bocas corrompidas es una marca exclusiva sinónimo de irresponsabilidad. Su “libertad” nos ha hecho vivir con precariedad e injusticia. Estas movilizaciones que todos debemos empujar son una demostración de la verdadera dimensión de la libertad que hay que recuperar. Una libertad construida con la voz de todos y que había sido expropiada para beneficiar a los de siempre. Sólo así puede entenderse que el Gobierno actual, el ministerio de Economía, el Banco de España, la oposición y la mayoría de grupos parlamentarios hayan negado dar soluciones eficaces para los cientos de miles de personas afectadas por las hipotecas y en riesgo de perder su vivienda. Han preferido seguir obedeciendo a la banca y no a la ciudadanía.
Tras el fracaso de un modelo de dominación basado en la injusticia y porque sí existen alternativas, es necesario que empujemos un cambio de todo el sistema. Como organización social que lleva más de 20 años defendiendo y reivindicando los derechos de todos los ciudadanos y consumidores frente a los abusos financieros, ADICAE quiere posicionarse junto a este movimiento social y aportar propuestas concretas de cambio, fruto de nuestros años de lucha, para exigir un vuelco absoluto del sistema financiero que ha explotado a los ciudadanos con todo tipo de abusos.
1.- NO HAY SOLUCIÓN A LA CRISIS SIN JUSTICIA: PIDAMOS RESPONSABILIDADES.
- Impulsar los mecanismos para exigir responsabilidades a los ejecutivos y directivos de entidades bancarias que hayan solicitado o soliciten ayudas públicas.
- Responsabilidad para aquellas entidades financieras que hayan expropiado el derecho a la vivienda digna a los trabajadores y trabajadores en paro.
- Exigencia de responsabilidades para los 2 últimos Gobernadores del Banco de España por connivencia con los poderes financieros y dejación de funciones de un puesto público.
2.- CAMBIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE CONTROL FINANCIERO: MÁS ABIERTAS, PLURALES Y DEMOCRÁTICAS
- Reestructuración del Banco de España que permita la participación y presencia de los representantes de la sociedad civil en la toma de decisiones que afecten a la ciudadanía y sus derechos.
- Un modelo de supervisión financiera doble, que por un lado vigile la viabilidad financiera de las entidades y su compromiso social y ético. Y por otro controle el comportamiento de las entidades financieras sobre los derechos de los usuarios. Esta supervisión de los derechos de los consumidores y ciudadanos ante bancos y cajas debe serlo con participación directa de las organizaciones de la sociedad civil.
- El diálogo y participación reforzada de los ciudadanos, a través de sus organizaciones, en las actuales reformas del sistema financiero y sus instituciones, en Europa y en España.
- Presencia de la sociedad civil en los organismos europeos de supervisión bancaria, financiera y de seguros, y no meros agentes de consulta externa sin capacidad de decisión.
3.- LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO DEBE SER PARA LA SOCIEDAD
- Reducción por ley de un 75% de los salarios y bonus de los grandes ejecutivos y directivos.
- Nacionalización de las sucursales que operen en paraísos fiscales o retirada inmediata de las mismas.
- Impuesto progresivo sobre los beneficios bancarios obtenidos en operaciones financieras declaradas de carácter especulativo por no servir al desarrollo de la una economía real y sostenible.
- Fomento de las finanzas responsables y las inversiones éticas. Apoyo público en forma de incentivos fiscales y de todo tipo para aquellas entidades de crédito que cumplan con exigencias de respeto a los derechos de los usuarios, inversiones en proyectos responsables.
- Recuperación pública de un 51% de la titularidad de participaciones en las grandes empresas de interés general que cotizan en bolsa y que antaño fueron de adscripción pública: telefonía, telecomunicaciones, servicios financieros y energía.
- Asimismo, presencia en esas juntas de accionistas de representantes de la sociedad civil organizada que representen al menos un 20% de los derechos de voto.
- Fomentar un modelo de actuación financiera social, democrática y sostenible, como motor económico, a través de la creación y difusión de Entidades Financieras públicas para evitar abusos, fraudes y exclusión financiera, mediante productos sencillos y transparentes.
- Nacionalización de las cajas de ahorros que soliciten ayuda pública, y cuyas sucursales entrará a formar parte de la red pública de prestación de servicios financieros por el organismo público oportuno que se cree.
4.- DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA NO DEBE SIGNIFICAR SÓLO VIVIENDA EN PROPIEDAD Y EN BENEFICIO DE LA BANCA.
- Impulsar políticas que potencien la vivienda en régimen de alquiler, público o privado.
- Tasa sobre viviendas desocupadas y no puestas en alquiler (privado o público) Con esta tasa se financiará un seguro para la protección de la vivienda puesta en alquiler. Este impuesto será mayor para las viviendas en propiedad de las entidades de crédito.
5.- PARALIZACIÓN DE LOS EMBARGOS Y REFORMA DE LA INJUSTA LEY HIPOTECARIA.
- Paralización inmediata de los embargos hipotecarios de la vivienda habitual.
- Establecer un procedimiento de reordenación de deudas para evitar la pérdida de la vivienda.
- Reforma de la normativa hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil para que el consumidor, en casos extremos, no responda de la deuda pendiente más que con el valor de su vivienda.
- El parque de viviendas en propiedad de Bancos y Cajas debe ser puesto en el mercado para satisfacer las necesidades de aquellos ciudadanos que hayan perdido su vivienda por procedimientos de ejecución.
6.- PROTECCIÓN AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y ELIMINACIÓN DE PROVILEGIOS PARA LAS INVERSIONES A LAS RENTAS MÁS ALTAS
- El sufrido ahorro de los trabajadores y trabajadores debe ser especialmente protegido con garantías de control en la venta de productos sin trampas ni condiciones abusivas ni sobre costes que mermen su ahorro; fomento de la comercialización de productos transparentes y socialmente responsables que contribuyan a hacer fluir el crédito hacia sectores de la economía sostenibles y respetuosos social y medioambientalmente.
- Para los rendimientos de capital mobiliario aplicación de una escala de gravamen progresivo en función de la base imponible, hasta llegar al 50%
